Autor: feliuzlucas

¿Qué es ACOM y por qué debemos hablar de su influencia en España?

En España se está produciendo un debate que no debería ser silenciado: ¿hasta dónde llega la influencia de las organizaciones proisraelíes en nuestra política, nuestros medios de comunicación y nuestro debate público?

Una de las organizaciones más importantes en este ámbito es ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. No es una organización clandestina ni una entidad desconocida. Está inscrita en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC y declara entre sus objetivos estrechar las relaciones entre España e Israel, aumentar la relación política y social entre ambos países y potenciar las relaciones económicas y empresariales entre España, Israel y la Unión Europea. La propia ACOM explica que trabaja con el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil y que organiza encuentros entre diputados y senadores españoles y sus homólogos israelíes. (Registro de Grupos de Interés)

Por tanto, hablar de ACOM no significa hablar de los judíos españoles. Son cosas completamente diferentes. Una organización política, un lobby o un grupo de interés debe ser juzgado por sus actividades, sus relaciones y sus objetivos, independientemente de la religión de las personas que formen parte de él.

David Hatchwell y el entorno proisraelí

Dentro de este entorno aparece también David Hatchwell, empresario y cofundador de ACOM, además de presidente de la Fundación HispanoJudía. Su figura está vinculada desde hace años a iniciativas destinadas a reforzar las relaciones entre España e Israel.

Existen además registros públicos y fotografías que muestran relaciones con diferentes dirigentes y partidos españoles. La cuestión que debemos plantearnos como españoles no es qué religión profesa una determinada persona, sino qué influencia política tiene, con quién se reúne, qué relaciones mantiene y qué intereses promueve dentro de España.

Hay documentación periodística sobre las relaciones de Hatchwell y ACOM con dirigentes del PP y Vox, así como sobre su relación con Isabel Díaz Ayuso y otros actores políticos. También existen informaciones sobre ayudas públicas concedidas a proyectos vinculados a su entorno empresarial, cuestiones que merecen transparencia y escrutinio público. (infoLibre)

Y precisamente por eso, si hablamos de soberanía, tenemos que aplicar el mismo criterio a todos. Si cuestionamos la influencia marroquí, estadounidense, europea o de cualquier otro país sobre España, también tenemos derecho a analizar la influencia de organizaciones que trabajan para fortalecer los vínculos políticos entre España e Israel.

Pedro Baños y Rubén Gisbert

En las últimas semanas ACOM ha dado un paso más y ha anunciado acciones judiciales contra Pedro Baños y Rubén Gisbert.

Pedro Baños

Pedro Baños ha sido durante años una de las voces españolas más críticas con determinadas líneas de la política exterior occidental. Cuando cuestionó la narrativa dominante sobre Rusia y defendió una visión de las relaciones internacionales basada en los intereses nacionales, fue señalado públicamente como «prorruso».

Hoy, por sus posiciones críticas con Israel y el sionismo, ACOM le acusa de antisemitismo y ha anunciado acciones judiciales contra él. Pero criticar al Estado de Israel, al sionismo político o a la influencia de organizaciones proisraelíes en España no equivale a odiar al pueblo judío ni a atacar la religión judía. Baños ha defendido una España capaz de decidir por sí misma su política exterior y de analizar los conflictos desde el interés nacional, aunque podamos discrepar de algunas de sus afirmaciones:

Lo preocupante es que, cuando una persona cuestiona determinadas posiciones geopolíticas, el debate pueda desplazarse rápidamente desde sus argumentos hacia etiquetas destinadas a desacreditarla. Primero «prorruso», ahora «antisemita»: ¿cuántas etiquetas más tendrán que utilizarse para evitar debatir sobre soberanía, intereses nacionales y política exterior?

Rubén Gisbert

Gisbert ha cuestionado públicamente la influencia política del sionismo, las relaciones entre Israel y España y el papel de determinadas organizaciones proisraelíes en nuestro país. ACOM ha anunciado acciones legales contra él por presunta incitación al odio y negacionismo del Holocausto.

Nos encontramos en un punto en el que cualquier crítica a Israel o al sionismo en antisemitismo. Se puede respetar al pueblo judío y, al mismo tiempo, rechazar las políticas del Gobierno israelí, oponerse al sionismo político y expulsar cualquier lobby que no defienda los intereses de los españoles.

 Gisbert, al igual que Baños, ha construido buena parte de su discurso alrededor de la soberanía nacional y del cuestionamiento de las estructuras de poder que considera contrarias a los intereses de España. Cualquier organización que ejerza influencia política debe ser examinada, criticada y cuestionada públicamente, independientemente de quién la financie, a quién represente o qué Estado extranjero defienda.

Criticar al Gobierno de Israel no convierte a nadie en antisemita. Criticar el sionismo no convierte a nadie en antisemita. Criticar a ACOM tampoco convierte a nadie en antisemita. Y cuestionar la influencia política de una organización proisraelí tampoco debería convertir automáticamente una crítica política en un ataque contra todos los judíos.

El antisemitismo consiste en atacar o discriminar a personas por ser judías. La crítica política a un Estado, a un Gobierno, a una ideología política o a una organización concreta pertenece a otro terreno.

La cuestión de fondo: la soberanía española

Porque el verdadero debate que nos interesa debería ser mucho más amplio.

• ¿Quién influye en las decisiones que se toman en España?
• ¿Quién tiene acceso a nuestros políticos?
• ¿Quién organiza encuentros con diputados y senadores?
• ¿Quién intenta condicionar el relato de los medios?
• ¿Quién financia determinadas iniciativas?
• ¿Quién establece relaciones privilegiadas con determinados partidos?
• ¿Y qué intereses extranjeros o internacionales se encuentran detrás?

Estas preguntas deberían poder hacerse sobre Marruecos, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, grandes multinacionales, fondos de inversión o cualquier otro actor extranjero, sin que automáticamente se conviertan en una cuestión religiosa.

España es un país soberano. Y precisamente por eso, ningún Estado extranjero debería tener un trato privilegiado en nuestro debate político.

Defender España no exige odiar a ningún pueblo.

Un español puede respetar perfectamente al pueblo judío, su cultura, su religión y a los ciudadanos españoles de origen judío y, al mismo tiempo, oponerse frontalmente a determinadas políticas del Estado de Israel, al sionismo político o a la influencia que determinadas organizaciones proisraelíes puedan ejercer en España.

España tiene una de las mayores redes ferroviarias de Europa, pero el transporte de mercancías por tren sigue siendo muy bajo comparado con otros países industrializados.

El mapa de ADIF muestra corredores estratégicos que conectan puertos, centros logísticos e industrias desde Algeciras hasta Zaragoza, Valencia, Barcelona o el norte peninsular. Aun así, gran parte del transporte sigue dependiendo casi exclusivamente de la carretera.

España apostó durante décadas por la alta velocidad para pasajeros mientras el ferrocarril de mercancías quedaba relegado. Se construyó una red pensada para mover personas rápidamente, pero no para convertir el tren en la columna vertebral logística de la economía.

En un contexto de tensión internacional, guerras en Oriente Medio y subidas constantes del combustible, esta dependencia se convierte en un problema estratégico. Cada aumento del precio del petróleo impacta directamente sobre el transporte, los costes logísticos y el precio final de los productos.

El sector del transporte por carretera tiene cada vez menos conductores disponibles. Las jornadas son duras, el relevo generacional es insuficiente y los costes laborales y de contratación continúan aumentando. Mientras tanto, el ferrocarril de mercancías sigue infrautilizado incluso en trayectos donde sería mucho más eficiente.

Muchos países utilizan sistemas intermodales donde los semirremolques o contenedores completos se cargan directamente sobre trenes de mercancías. El camión realiza trayectos cortos y el tren absorbe las largas distancias. Esto reduce consumo de combustible, desgaste de carreteras y necesidad de conductores para recorridos largos.

España tiene puertos estratégicos como Algeciras, Valencia o Barcelona que podrían integrarse mucho más en este modelo ferroviario-logístico. Sin embargo, gran parte de los contenedores siguen recorriendo cientos de kilómetros únicamente por carretera.

España perdió buena parte de su industria pesada y nunca desarrolló plenamente un sistema ferroviario de mercancías adaptado a una economía industrial moderna. El resultado es una economía más dependiente del petróleo, más vulnerable ante crisis energéticas y con mayores costes logísticos.

España fue durante siglos una de las grandes potencias marítimas del mundo. Controlaba rutas comerciales entre Europa, América y Asia, disponía de una enorme flota mercante y transportaba bajo bandera propia buena parte de las mercancías que conectaban tres continentes.

Más del 80% del comercio exterior español, medido en volumen, sigue moviéndose por mar. Sin embargo, la mayor parte de ese tráfico ya no es realizada por buques españoles. España conserva algunos de los puertos más importantes de Europa, pero ha perdido gran parte de su capacidad de transporte marítimo propio.

La marina mercante española contemporánea alcanzó su máximo desarrollo durante las décadas de 1970 y 1980. Desde entonces, las banderas de conveniencia y la deslocalización de empresas navieras redujeron progresivamente el tamaño de la flota nacional.

Actualmente existen alrededor de 203 buques controlados por armadores españoles, pero solo 84 navegan bajo bandera española. El resto opera bajo registros extranjeros, principalmente por motivos fiscales, regulatorios y de competitividad.

La comparación con otros países europeos resulta llamativa. Italia cuenta con cerca de 500 buques bajo su bandera. Francia supera los 200. Portugal registra más de 1.100 embarcaciones. España, pese a tener casi 8.000 kilómetros de costa, una posición estratégica entre Atlántico y Mediterráneo y algunos de los puertos más importantes de Europa, apenas mantiene una fracción de la capacidad que cabría esperar.

Una marina mercante propia aporta autonomía logística, capacidad de reacción ante crisis internacionales y mayor control sobre las cadenas de suministro. Cuando se producen conflictos, bloqueos marítimos o interrupciones comerciales, los países que disponen de una flota relevante tienen una ventaja estratégica evidente.

La situación actual cobra aún más importancia en un contexto de tensiones energéticas y crisis internacionales. España depende de importaciones de energía, materias primas y mercancías esenciales que llegan por mar. Sin embargo, gran parte de ese transporte depende de navieras extranjeras y de decisiones que escapan al control nacional.

España controla uno de los puntos marítimos más importantes del planeta a través del Estrecho de Gibraltar. Puertos como Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, Cartagena o Las Palmas mueven millones de toneladas de mercancías cada año.

Sin embargo, gran parte del valor añadido generado por ese comercio termina fuera de España. La diferencia entre tener puertos y tener una marina mercante es enorme. Un puerto cobra tasas y presta servicios. Una naviera controla los barcos, las rutas, los contratos de transporte y una parte mucho mayor de los beneficios.

Cuando una nación pierde la capacidad de transportar por sí mismo una parte significativa de su comercio, también pierde una parte de su soberanía económica.

Desde los años setenta, el Peñón ha ganado alrededor de un millón de metros cuadrados al mar mediante rellenos artificiales, aumentando aproximadamente un 15 % su superficie. Sobre estos terrenos se han construido puertos deportivos, viviendas, edificios de oficinas e infraestructuras, y existen nuevos proyectos destinados a continuar ampliando el territorio artificialmente.

España sostiene desde hace décadas que el Tratado de Utrecht de 1713 no cedió las aguas que rodean Gibraltar ni otorgó a Gran Bretaña un derecho ilimitado para crear nuevo territorio sobre el mar. La cuestión jurídica es especialmente relevante porque una cosa es administrar el territorio cedido en el siglo XVIII y otra muy distinta ampliar físicamente ese territorio mediante terrenos ganados al mar.

Mientras la controversia jurídica continúa abierta, la realidad física cambia. Cada nuevo relleno genera suelo permanente, sobre el que posteriormente pueden construirse infraestructuras, viviendas, instalaciones portuarias o actividades económicas. De esta manera, una cuestión que inicialmente puede parecer limitada a unos cientos de miles de metros cuadrados termina teniendo consecuencias territoriales, económicas y estratégicas mucho mayores.

Gibraltar ocupa además una posición excepcional en la entrada occidental del Mediterráneo, junto a una de las principales rutas marítimas del planeta. Su pequeño tamaño contrasta con su enorme valor geopolítico: controla una posición privilegiada sobre el Estrecho y constituye uno de los principales enclaves militares y logísticos británicos fuera de las islas británicas.

Por eso la cuestión no debería reducirse a discutir unos cuantos metros cuadrados de tierra ganada al mar. Si España considera Gibraltar un territorio pendiente de descolonización y mantiene una reivindicación histórica sobre su soberanía, cualquier transformación permanente de su territorio debería formar parte de esa discusión.

El problema es que cada ampliación consolida una realidad nueva. Lo que hoy puede parecer un simple proyecto portuario o una nueva superficie artificial mañana puede convertirse en una infraestructura permanente, aumentando la capacidad económica, logística y estratégica del enclave.

España lleva más de tres siglos reclamando Gibraltar. La cuestión es si vamos a limitarnos indefinidamente a administrar una situación heredada o si estamos dispuestos a defender activamente nuestra posición sobre un territorio cuya soberanía seguimos reclamando.

Una infraestructura construida para llevar gas argelino hacia España terminó convirtiéndose en una vía de abastecimiento para Marruecos. España tiene una posición geoestratégica que debería utilizar mucho más.

Cuando Argelia cerró en 2021 el gasoducto Magreb-Europa, Marruecos perdió su suministro directo de gas argelino. Desde 2022, el flujo se invirtió: España recibe gas natural licuado del mercado internacional, lo introduce en su red y una parte cruza hacia Marruecos por el mismo gasoducto.

Esta situación debería hacernos reflexionar sobre la relación de poder existente entre ambos países. Marruecos ha utilizado en diferentes ocasiones la presión migratoria y fronteriza contra España. En mayo de 2021, alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días. En 2026 volvimos a vivir una crisis fronteriza de enorme magnitud. Al mismo tiempo, España continúa proporcionando a Marruecos una infraestructura energética estratégica.

¿Por qué un Estado que pretende defender su soberanía no utiliza también las herramientas económicas y energéticas de las que dispone?

España debería recuperar una política exterior propia en el norte de África. Eso implica reforzar las relaciones con Argelia y Mauritania, dos países fundamentales para nuestra seguridad energética y estratégica, fortalecer la defensa de Ceuta, Melilla y Canarias y aprovechar nuestra posición como nodo energético europeo. Si esto conlleva una ruptura total de las relaciones a costa de proteger la soberanía nacional, que así sea.

Así mismo conviene hablar sobre el Sáhara Occidental, territorio que España abandonó en 1975 y que desde entonces permanece dividido y ocupado en gran parte por Marruecos. Décadas de desplazamiento, represión y persecución han dejado a una parte del pueblo saharaui viviendo en los campamentos de Tinduf mientras otra permanece bajo administración marroquí.

España tiene una responsabilidad histórica particular sobre este territorio y debería recuperar una política propia, defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y utilizar su posición diplomática y militar para protegerlo. Armar y defender un pueblo que está siendo exterminado es una lección de humanidad. Mucho se habla del genocidio israelí en Palestina y muy poco del saharaui, a pesar de ser un modus operandi similar y encima España formar parte del mismo mirando a otro lado y dejando de lado a una antigua provincia.

¿Qué impide que pueda suceder lo mismo con Canarias o las ciudades autónomas?

España puede cooperar con Marruecos, comerciar y mantener relaciones diplomáticas, pero desde una posición de fuerza y respeto mutuo. Tenemos territorio, población, economía, Fuerzas Armadas, posición geográfica, puertos, energía e infraestructuras estratégicas. Lo que falta no son herramientas: falta voluntad para utilizarlas en defensa de los intereses españoles.

España tuvo durante décadas una fuente de energía propia: el carbón, y Asturias fue uno de los principales territorios de esa industria. No era el carbón más barato ni el más eficiente, pero tenía una característica que no puede medirse únicamente en euros por tonelada: se encontraba dentro de nuestras fronteras. Permitía mantener actividad minera, generar electricidad y sostener una importante industria asociada, reduciendo al menos parcialmente la dependencia de proveedores extranjeros.

El proceso de cierre no ocurrió de un día para otro. La Unión Europea estableció mediante la Decisión 2010/787/UE un marco para las ayudas destinadas al cierre de las explotaciones de carbón no competitivas, fijando el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite para el cierre de las unidades que recibían determinadas ayudas. España aplicó este proceso y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, 2018 marcó el fin de la producción de carbón en España. Ese año todavía se produjeron alrededor de 2,4 millones de toneladas, frente a los más de 6,6 millones de 2011. (Ministerio de Transición Ecológica)

La dimensión del cambio también puede observarse en el empleo. A comienzos de 2018, las explotaciones afectadas por los procesos de cierre agrupaban 1.833 trabajadores directos y otros 565 empleados de empresas subcontratadas, repartidos principalmente entre Asturias, León, Palencia y Teruel. El cierre de las minas no significó únicamente dejar de extraer carbón: obligó a clausurar instalaciones, restaurar terrenos y diseñar planes de transición económica para unas comarcas cuya actividad llevaba generaciones vinculada a la minería. (Ministerio de Transición Ecológica)

El argumento económico y medioambiental para abandonar estas explotaciones era evidente. El carbón nacional resultaba más caro que otras alternativas y sus emisiones de CO₂ eran elevadas. Mantener indefinidamente minas no competitivas mediante subvenciones tampoco podía ser una solución permanente. Pero existe otra dimensión que suele quedar fuera de este cálculo: el valor estratégico de disponer de una fuente energética nacional en caso de crisis.

Cuando una mina cierra, no desaparece únicamente una determinada cantidad de toneladas de carbón. También se pierde infraestructura, maquinaria, trabajadores especializados, conocimiento técnico y capacidad de extracción. Recuperar todo ese tejido industrial si algún día vuelve a ser necesario no es algo que pueda hacerse en cuestión de meses. La propia política de transición de HUNOSA tuvo que contemplar posteriormente la clausura y postclausura de las explotaciones y la búsqueda de nuevas actividades económicas para las cuencas mineras. (Hunosa)

La crisis energética europea demostró además que los Estados pueden cambiar rápidamente sus prioridades cuando consideran que está en juego su seguridad energética. Alemania aumentó temporalmente el uso de centrales de carbón después de la reducción del suministro de gas ruso, mientras otros países europeos mantuvieron una elevada dependencia del carbón. Esto no significa que el carbón sea una solución energética de futuro, sino que la seguridad energética puede llevar a los Estados a utilizar recursos que en circunstancias normales intentarían reducir.

En España, además, la desaparición de la minería nacional coincidió con el cierre progresivo de buena parte de las centrales térmicas de carbón. El plan de transición justa señalaba que al comienzo de 2018 España contaba con 15 centrales térmicas de carbón, 31 grupos y 10.619 MW de potencia, aproximadamente el 10 % de la potencia instalada nacional. (Ministerio de Transición Ecológica)

No deberíamos confundir una reserva estratégica con convertirla en nuestra principal fuente energética. La cuestión es si España debería conservar determinadas capacidades propias que puedan utilizarse en situaciones excepcionales, del mismo modo que un país mantiene reservas estratégicas de petróleo, gas o alimentos aunque no pretenda producirlo todo internamente.

Asturias demuestra además que la transición energética no tiene por qué significar necesariamente abandonar toda la infraestructura existente. HUNOSA está transformando actualmente la central de La Pereda para convertirla en una instalación de biomasa de 50 MW, utilizando parte de las capacidades industriales existentes y buscando mantener actividad y empleo en la zona. (Hunosa)

España necesita renovables, pero también necesita almacenamiento, redes, generación gestionable, industria energética y capacidad para responder ante situaciones extraordinarias. Una política energética soberana debería buscar precisamente esa combinación y evitar depender de una única tecnología o de proveedores externos.

Porque la energía barata es importante, pero la energía disponible cuando el mercado internacional falla lo es todavía más. Cerrar una fuente energética propia puede ser económicamente razonable en condiciones normales; perder al mismo tiempo la capacidad de recuperarla cuando sea necesaria puede convertirse en un problema estratégico. .

Estados Unidos levanta sanciones al petróleo ruso durante un mes mientras Europa no puede hacerlo. España, directamente, ni siquiera está en esa posición. Aquí no estamos hablando solamente de valores o de discursos políticos, sino de poder y de capacidad real de decisión.

Cuando a Estados Unidos le conviene, compra. Cuando necesita ajustar el mercado, flexibiliza sanciones. Tiene producción propia, una enorme capacidad de refino y una posición privilegiada dentro del sistema energético mundial. Puede permitirse actuar con pragmatismo porque dispone de alternativas. Europa, en cambio, tiene muchas más limitaciones. Y España todavía más: dependemos en gran medida del exterior para nuestro suministro energético y, por tanto, estamos expuestos a decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras.

Podríamos preguntarnos incluso qué margen queda para aprovechar recursos propios que hoy parecen secundarios. El carbón asturiano es un ejemplo. No tendría sentido plantear que España vuelva a depender del carbón como fuente principal de energía, pero en una situación de emergencia disponer de recursos nacionales que puedan complementar el suministro exterior puede aportar capacidad de respuesta y soberanía energética. La soberanía no consiste necesariamente en ser autosuficientes al cien por cien, sino en tener alternativas cuando una crisis golpea.

Mientras tanto, el petróleo ruso continúa llegando al mercado internacional. Cambian las rutas, los intermediarios y los países por los que pasa, pero el petróleo no desaparece. En algunos casos, el producto termina llegando a Europa después de pasar por terceros mercados, con más intermediarios y mayores costes. Al mismo tiempo, Estados Unidos puede adaptar sus propias compras y exportaciones en función de sus intereses, mientras Europa tiene menos margen para hacer lo mismo.

Y esto tiene consecuencias muy concretas para España. La energía cara reduce nuestra competitividad, encarece la producción y dificulta mantener una industria fuerte. Si una fábrica española tiene que pagar mucho más por la electricidad, el gas o los combustibles que una fábrica situada en otro país, producir aquí resulta progresivamente menos atractivo. Y cuando la industria desaparece, no desaparecen únicamente puestos de trabajo: también perdemos conocimiento, capacidad tecnológica, cadenas de suministro y autonomía económica.

Durante décadas hemos aceptado un modelo energético cada vez más dependiente del exterior mientras buena parte de nuestra industria se trasladaba fuera de nuestras fronteras. Después llegan las crisis y descubrimos que aquello que parecía eficiente en tiempos normales puede convertirse en una enorme vulnerabilidad cuando cambian las circunstancias.

La cuestión, por tanto, no es defender que España tenga que producir absolutamente toda su energía. Eso sería poco realista. La cuestión es disponer de suficientes alternativas para que ningún proveedor, ninguna potencia extranjera o ninguna crisis internacional pueda paralizar nuestra economía.

Hay países que juegan en el tablero energético y otros que simplemente reaccionan ante las decisiones de los primeros. España tiene territorio, puertos, infraestructuras, recursos, capacidad industrial y una posición geográfica privilegiada. Lo que necesitamos es convertir esas ventajas en poder económico y estratégico.

Porque un país que depende de otros para mantener funcionando su industria tiene soberanía política sobre el papel, pero mucho menos margen de decisión cuando llega la hora de ejercerla.

¿Alguna vez te has preguntado cuál es una de las formas más eficaces de desplazar a las clases populares del centro de nuestras ciudades? No hace falta construir un muro. Basta con hacer que vivir, trabajar y desplazarse allí sea cada vez más caro.

Durante los últimos años, las políticas de transformación urbana han promovido ciudades orientadas cada vez más al turismo, a los servicios y a determinados modelos de movilidad. Bajo el argumento de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, se han implantado Zonas de Bajas Emisiones que restringen progresivamente el acceso de determinados vehículos a los centros urbanos.

El objetivo de reducir la contaminación puede ser perfectamente legítimo. El problema aparece cuando la capacidad de cumplir las nuevas normas depende directamente del poder adquisitivo. Un trabajador que conserva un vehículo antiguo porque funciona perfectamente puede encontrarse con que ya no puede utilizarlo para llegar a su puesto de trabajo, mientras que quien dispone de varios miles de euros para comprar un vehículo nuevo obtiene automáticamente mayores posibilidades de circulación.

En España, las etiquetas ambientales de la DGT clasifican los vehículos fundamentalmente en función de su tecnología, combustible y fecha de matriculación. Esto genera situaciones que merecen ser debatidas: dos vehículos pueden tener diferencias importantes en sus emisiones reales, pero pertenecer a categorías ambientales diferentes por sus características administrativas. La consecuencia práctica es que la antigüedad del vehículo puede convertirse en una barrera económica para circular por determinadas zonas.

Pensemos en un autónomo, un repartidor o un trabajador que utiliza diariamente una furgoneta antigua para ganarse la vida. Cambiarla no significa simplemente comprar otro vehículo. Significa asumir miles o decenas de miles de euros de deuda, seguros, mantenimiento y depreciación. Para una gran empresa, renovar una flota puede ser una inversión más dentro de sus cuentas. Para un pequeño autónomo, puede significar directamente dejar de trabajar.

Y aquí aparece una contradicción evidente. Si realmente queremos reducir el uso del automóvil y facilitar que las personas abandonen los vehículos privados, la alternativa debería estar preparada antes de imponer la restricción: transporte público abundante, puntual, barato y accesible, especialmente para quienes viven lejos de los centros de trabajo. No tiene demasiado sentido pedirle a un trabajador que abandone su coche si después necesita dos horas y varios transbordos para realizar un trayecto que en vehículo privado tarda treinta minutos.

La cuestión tampoco es estar a favor o en contra del coche eléctrico. El problema es quién puede permitirse la transición. Un vehículo nuevo, eléctrico o híbrido, continúa estando fuera del alcance de una parte importante de la población. Y mientras tanto, el ciudadano que no puede cambiar de coche queda progresivamente expulsado de determinados espacios urbanos.

Por eso las Zonas de Bajas Emisiones deberían analizarse también desde una perspectiva social. Una política ambiental que no tiene en cuenta la capacidad económica de quienes deben cumplirla puede terminar convirtiéndose en una política de exclusión. El centro de las ciudades corre el riesgo de convertirse en un espacio reservado para quienes pueden pagar sus viviendas, sus vehículos y los servicios que allí se concentran.

Reducir la contaminación es necesario. Pero también lo es preguntarse quién paga la transición, quién se beneficia de ella y quién queda fuera.

Porque una ciudad más limpia no debería ser una ciudad en la que los trabajadores y las clases populares ya no puedan entrar.

Es curioso pensar lo mucho que ha cambiado la visión política internacional en España en apenas dos décadas. Todavía recuerdo que, hace poco más de veinte años, el Gobierno de España, entonces dirigido por el Partido Popular, participó activamente en la estrategia de Estados Unidos y sus aliados para intervenir en Irak. Aquella guerra provocó una enorme oposición social y política en España y convirtió el famoso «NO A LA GUERRA» en uno de los principales símbolos de la movilización política de aquella época.

Resulta todavía más curioso observar cómo han cambiado las posiciones desde entonces. Durante décadas, buena parte de la izquierda española, especialmente sus sectores más radicales, se presentó como profundamente contraria a la OTAN, al intervencionismo estadounidense y a las guerras impulsadas desde Washington. El soberanismo, el antimilitarismo y la defensa de una política exterior independiente formaban parte de ese discurso. Hoy, sin embargo, una parte importante de quienes se identificaban con aquellas posiciones se encuentra alineada con la defensa del rearme europeo, el envío de armamento y el sostenimiento de una guerra en el este de Europa.

Al mismo tiempo, cualquier posición que cuestione la política exterior dominante parece haber quedado reducida a etiquetas. Quien cuestiona la expansión de la OTAN, critica el envío de armas o defiende mantener relaciones económicas con Rusia puede ser presentado inmediatamente como «prorruso», «fascista» o «agente de Putin». El debate sobre los intereses concretos de España queda así sustituido por una clasificación ideológica del adversario.

La cuestión debería ser mucho más sencilla: ¿qué intereses tiene España en esta guerra? ¿Nos beneficia prolongar indefinidamente el conflicto? ¿Qué obtenemos enviando armas y aumentando nuestro gasto militar? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra energía, nuestra industria, nuestra agricultura, nuestro comercio y nuestras relaciones internacionales? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando las decisiones de política exterior se toman pensando primero en los intereses estratégicos de otras potencias?

España no debería necesitar elegir entre Washington y Moscú para tener una política exterior propia. Puede condenar una invasión, defender la integridad territorial de Ucrania y al mismo tiempo cuestionar determinadas decisiones de la OTAN, oponerse a la escalada militar y defender una salida diplomática al conflicto. No son posiciones incompatibles.

Lo verdaderamente preocupante es que la política exterior española vuelva a estar subordinada a bloques y alianzas mientras desaparece del debate una pregunta fundamental: ¿qué es lo que conviene a España? Hace veinte años, millones de personas salieron a la calle contra una guerra que consideraban contraria a nuestros intereses. Hoy, muchas de esas mismas posiciones han sido desplazadas por un discurso en el que aumentar el gasto militar y preparar a Europa para una guerra prolongada se presenta como una obligación inevitable.

Quizá haya llegado el momento de recuperar aquella pregunta que parecía tan sencilla: ¿para qué y para quién estamos entrando en esta guerra?

La diferencia entre el salario bruto y las cotizaciones, tanto las que aparecen a cargo del trabajador como las que paga formalmente la empresa, sale en última instancia del mismo sitio: el coste total que la empresa está dispuesta a asumir por contratar a una persona.

Si una empresa dispone de 3.000 euros mensuales para contratar a alguien, dispone de 3.000 euros, no de 3.000 más las cotizaciones. De ese coste total saldrán el salario bruto y las cotizaciones empresariales. Después, sobre el salario bruto se aplicarán las cotizaciones que corresponden al trabajador y la retención de IRPF. La forma en la que se divide la factura laboral no cambia el hecho fundamental: para la empresa existe un coste total de contratación.

Esto explica una de las paradojas que vive actualmente el trabajador español: puede tener la sensación de que cuesta mucho dinero a la empresa y, al mismo tiempo, recibir relativamente poco dinero en su cuenta bancaria. Entre el coste laboral total y el salario neto existe una diferencia considerable, formada por cotizaciones, impuestos y otras cargas.

Pero el problema de fondo no es únicamente fiscal. También es estructural. España necesita generar más valor añadido por trabajador para poder sostener salarios más elevados. Durante años, parte de la debilidad de nuestra economía quedó disimulada por factores como la economía sumergida, el crédito barato y el endeudamiento. Eso permitió mantener determinados niveles de consumo y actividad que hoy resultan más difíciles de sostener.

Al mismo tiempo, el trabajador se encuentra con una segunda realidad: paga impuestos y cotizaciones, pero en determinados ámbitos vuelve a pagar de su bolsillo por servicios que considera esenciales. Sanidad privada ante determinadas esperas, gestorías para enfrentarse a una administración cada vez más compleja, vehículo propio cuando el transporte público no ofrece una alternativa suficiente o formación privada para mejorar sus oportunidades laborales. Esto alimenta una sensación de doble carga: se contribuye al sistema y, posteriormente, se vuelve a pagar por determinadas necesidades.

Por eso el debate no debería limitarse a decir simplemente «hay que subir impuestos» o «hay que bajar impuestos». La cuestión fundamental es cuánto dinero termina realmente disponible para el trabajador y qué recibe a cambio del esfuerzo fiscal que realiza. Un salario nominalmente más alto no significa necesariamente una mejora equivalente del poder adquisitivo si paralelamente aumentan los impuestos, las cotizaciones y el coste de los servicios.

La situación de los pequeños negocios muestra además otra parte del problema. Si contratar a un trabajador puede suponer para un pequeño comercio un coste de varios miles de euros al mes entre salario y cargas asociadas, mientras una gran cadena puede repartir sus costes entre cientos de establecimientos y conseguir economías de escala, la competencia deja de producirse en igualdad de condiciones. No es necesariamente una cuestión ideológica: es una cuestión de estructura de costes, productividad, márgenes y capacidad de financiación. Para muchos pequeños negocios, simplemente llega un momento en el que los números dejan de cuadrar.

Con el salario mínimo ocurre algo parecido. Una subida del salario mínimo puede aumentar los ingresos de determinados trabajadores, pero su efecto final depende también de qué ocurre con las cotizaciones, los impuestos, los precios y el empleo. Por eso merece la pena plantear una pregunta más profunda: ¿es siempre más eficaz aumentar el coste laboral para elevar el salario nominal o sería preferible reducir directamente la carga fiscal sobre las rentas más bajas para aumentar su renta disponible?

Reducir 100 euros de impuestos a una persona con pocos ingresos supone, en principio, 100 euros adicionales disponibles de forma inmediata. Las políticas redistributivas pueden ser necesarias y cumplir una función importante, pero su eficacia depende de su diseño, de los costes administrativos y de hasta qué punto el dinero termina transformándose en una mejora efectiva de la renta o de los servicios recibidos.

El debate real, por tanto, no debería reducirse a «subir o bajar impuestos». España necesita aumentar su productividad y su valor añadido, reducir las cargas que dificultan la contratación, mejorar la eficiencia del gasto público y conseguir que el esfuerzo fiscal se traduzca en servicios que realmente reduzcan los gastos que soportan las familias.

Porque al final la cuestión no es cuánto gana un trabajador sobre el papel, sino cuánto cuesta contratarlo, cuánto recibe realmente y cuánto le queda después de pagar todo lo que necesita para vivir.