España tuvo durante décadas una fuente de energía propia: el carbón, y Asturias fue uno de los principales territorios de esa industria. No era el carbón más barato ni el más eficiente, pero tenía una característica que no puede medirse únicamente en euros por tonelada: se encontraba dentro de nuestras fronteras. Permitía mantener actividad minera, generar electricidad y sostener una importante industria asociada, reduciendo al menos parcialmente la dependencia de proveedores extranjeros.
El proceso de cierre no ocurrió de un día para otro. La Unión Europea estableció mediante la Decisión 2010/787/UE un marco para las ayudas destinadas al cierre de las explotaciones de carbón no competitivas, fijando el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite para el cierre de las unidades que recibían determinadas ayudas. España aplicó este proceso y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, 2018 marcó el fin de la producción de carbón en España. Ese año todavía se produjeron alrededor de 2,4 millones de toneladas, frente a los más de 6,6 millones de 2011. (Ministerio de Transición Ecológica)
La dimensión del cambio también puede observarse en el empleo. A comienzos de 2018, las explotaciones afectadas por los procesos de cierre agrupaban 1.833 trabajadores directos y otros 565 empleados de empresas subcontratadas, repartidos principalmente entre Asturias, León, Palencia y Teruel. El cierre de las minas no significó únicamente dejar de extraer carbón: obligó a clausurar instalaciones, restaurar terrenos y diseñar planes de transición económica para unas comarcas cuya actividad llevaba generaciones vinculada a la minería. (Ministerio de Transición Ecológica)
El argumento económico y medioambiental para abandonar estas explotaciones era evidente. El carbón nacional resultaba más caro que otras alternativas y sus emisiones de CO₂ eran elevadas. Mantener indefinidamente minas no competitivas mediante subvenciones tampoco podía ser una solución permanente. Pero existe otra dimensión que suele quedar fuera de este cálculo: el valor estratégico de disponer de una fuente energética nacional en caso de crisis.
Cuando una mina cierra, no desaparece únicamente una determinada cantidad de toneladas de carbón. También se pierde infraestructura, maquinaria, trabajadores especializados, conocimiento técnico y capacidad de extracción. Recuperar todo ese tejido industrial si algún día vuelve a ser necesario no es algo que pueda hacerse en cuestión de meses. La propia política de transición de HUNOSA tuvo que contemplar posteriormente la clausura y postclausura de las explotaciones y la búsqueda de nuevas actividades económicas para las cuencas mineras. (Hunosa)
La crisis energética europea demostró además que los Estados pueden cambiar rápidamente sus prioridades cuando consideran que está en juego su seguridad energética. Alemania aumentó temporalmente el uso de centrales de carbón después de la reducción del suministro de gas ruso, mientras otros países europeos mantuvieron una elevada dependencia del carbón. Esto no significa que el carbón sea una solución energética de futuro, sino que la seguridad energética puede llevar a los Estados a utilizar recursos que en circunstancias normales intentarían reducir.
En España, además, la desaparición de la minería nacional coincidió con el cierre progresivo de buena parte de las centrales térmicas de carbón. El plan de transición justa señalaba que al comienzo de 2018 España contaba con 15 centrales térmicas de carbón, 31 grupos y 10.619 MW de potencia, aproximadamente el 10 % de la potencia instalada nacional. (Ministerio de Transición Ecológica)
No deberíamos confundir una reserva estratégica con convertirla en nuestra principal fuente energética. La cuestión es si España debería conservar determinadas capacidades propias que puedan utilizarse en situaciones excepcionales, del mismo modo que un país mantiene reservas estratégicas de petróleo, gas o alimentos aunque no pretenda producirlo todo internamente.
Asturias demuestra además que la transición energética no tiene por qué significar necesariamente abandonar toda la infraestructura existente. HUNOSA está transformando actualmente la central de La Pereda para convertirla en una instalación de biomasa de 50 MW, utilizando parte de las capacidades industriales existentes y buscando mantener actividad y empleo en la zona. (Hunosa)
España necesita renovables, pero también necesita almacenamiento, redes, generación gestionable, industria energética y capacidad para responder ante situaciones extraordinarias. Una política energética soberana debería buscar precisamente esa combinación y evitar depender de una única tecnología o de proveedores externos.
Porque la energía barata es importante, pero la energía disponible cuando el mercado internacional falla lo es todavía más. Cerrar una fuente energética propia puede ser económicamente razonable en condiciones normales; perder al mismo tiempo la capacidad de recuperarla cuando sea necesaria puede convertirse en un problema estratégico. .
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