Estados Unidos levanta sanciones al petróleo ruso durante un mes mientras Europa no puede hacerlo. España, directamente, ni siquiera está en esa posición. Aquí no estamos hablando solamente de valores o de discursos políticos, sino de poder y de capacidad real de decisión.
Cuando a Estados Unidos le conviene, compra. Cuando necesita ajustar el mercado, flexibiliza sanciones. Tiene producción propia, una enorme capacidad de refino y una posición privilegiada dentro del sistema energético mundial. Puede permitirse actuar con pragmatismo porque dispone de alternativas. Europa, en cambio, tiene muchas más limitaciones. Y España todavía más: dependemos en gran medida del exterior para nuestro suministro energético y, por tanto, estamos expuestos a decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras.
Podríamos preguntarnos incluso qué margen queda para aprovechar recursos propios que hoy parecen secundarios. El carbón asturiano es un ejemplo. No tendría sentido plantear que España vuelva a depender del carbón como fuente principal de energía, pero en una situación de emergencia disponer de recursos nacionales que puedan complementar el suministro exterior puede aportar capacidad de respuesta y soberanía energética. La soberanía no consiste necesariamente en ser autosuficientes al cien por cien, sino en tener alternativas cuando una crisis golpea.
Mientras tanto, el petróleo ruso continúa llegando al mercado internacional. Cambian las rutas, los intermediarios y los países por los que pasa, pero el petróleo no desaparece. En algunos casos, el producto termina llegando a Europa después de pasar por terceros mercados, con más intermediarios y mayores costes. Al mismo tiempo, Estados Unidos puede adaptar sus propias compras y exportaciones en función de sus intereses, mientras Europa tiene menos margen para hacer lo mismo.
Y esto tiene consecuencias muy concretas para España. La energía cara reduce nuestra competitividad, encarece la producción y dificulta mantener una industria fuerte. Si una fábrica española tiene que pagar mucho más por la electricidad, el gas o los combustibles que una fábrica situada en otro país, producir aquí resulta progresivamente menos atractivo. Y cuando la industria desaparece, no desaparecen únicamente puestos de trabajo: también perdemos conocimiento, capacidad tecnológica, cadenas de suministro y autonomía económica.
Durante décadas hemos aceptado un modelo energético cada vez más dependiente del exterior mientras buena parte de nuestra industria se trasladaba fuera de nuestras fronteras. Después llegan las crisis y descubrimos que aquello que parecía eficiente en tiempos normales puede convertirse en una enorme vulnerabilidad cuando cambian las circunstancias.
La cuestión, por tanto, no es defender que España tenga que producir absolutamente toda su energía. Eso sería poco realista. La cuestión es disponer de suficientes alternativas para que ningún proveedor, ninguna potencia extranjera o ninguna crisis internacional pueda paralizar nuestra economía.
Hay países que juegan en el tablero energético y otros que simplemente reaccionan ante las decisiones de los primeros. España tiene territorio, puertos, infraestructuras, recursos, capacidad industrial y una posición geográfica privilegiada. Lo que necesitamos es convertir esas ventajas en poder económico y estratégico.
Porque un país que depende de otros para mantener funcionando su industria tiene soberanía política sobre el papel, pero mucho menos margen de decisión cuando llega la hora de ejercerla.
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